El plan de ajuste del Estado entró en una nueva fase. Después de la primera reducción en la estructura de la administración pública, el Ejecutivo avanza en una instancia de revisión profunda o “deep motosierra”. La tarea, que lleva adelante el Ministerio de Desregulación, ya va hacia sus dos próximas medidas: la semana que viene pondrá en marcha los exámenes a trabajadores estatales, como también se está desarrollando una inspección más incisiva sobre algunos organismos con el objetivo de definir su futuro.
En primer lugar, esta semana se abrirán los turnos para que los empleados públicos se puedan inscribir para rendir las pruebas de idoneidad, que funcionará como un certificado de aptitud para quienes quieran ingresar a trabajar al Estado. Los detalles se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.
Estas pruebas estarán destinadas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y busquen renovar sus contratos, o a las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez. De todos modos, la inscripción permanecerá abierta todo el año.
La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante. Es decir, el buen rendimiento no implica que una persona va a quedar contratada. Pero así como se necesita comprobar que quienes entran a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será requisito de ingreso.
El test tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como “servicios generales” (para puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros). Las preguntas estarán apuntadas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.
El formato será anónimo, tendrá entre 20 y 24 preguntas multiple-choice, durará una hora y se realizará de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres chances para aprobar.
De todos modos, habrá algunas excepciones. Quienes no deben realizar el examen serán los trabajadores de planta permanente, quienes residan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuenten con un certificado de discapacidad.
“El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente”, explican en despachos oficiales. Y aclaran: “Es una primera vara para construir un Estado más profesional. Nadie se va a quedar sin contrato porque no tuvo la oportunidad de rendirlo tres veces”.
Cómo sigue el plan “deep motosierra”
Más allá de la evaluación que se realizará sobre los trabajadores estatales, la etapa de “sintonía fina” para avanzar en el achique del Estado también incluye una revisión sobre funciones, estructura y presupuesto de los organismos descentralizados.
Hasta ahora, se implementó un recorte en cantidad de ministerios -pasaron de 18 a 8 en el inicio de la gestión de Milei- y también se eliminaron 252 áreas directivas y de coordinación. El próximo paso es monitorear esas dependencias autónomas en las que, según entienden en la Casa Rosada, se desarrollan “tareas innecesarias o duplicadas”.
Entre los organismos que se encuentran bajo la mira del Ejecutivo están la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), cuyo objetivo es asistir a emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal, donde el Gobierno asegura que tenía más presupuesto para salarios que para los préstamos que debía entregar, por lo cual la intención es cerrarlo.
Otro es el Consumo Protegido (Coprec), que funciona en la órbita de la Secretaría de Comercio y está destinado a recibir reclamos de consumidores. En este caso, el Ejecutivo entiende que hay otras oficinas que cumplen la misma función, por lo que evalúa las alternativas para definir qué hacer allí.
“Organismos descentralizados hay más de 100. La Ley Bases permite ponerlos en revisión. En algunos casos se propondrán fusiones, otros se eliminarán y otros volverán a depender de la administración central”, precisaron fuentes oficiales.
Qué pasó con el empleo público en 2024
Entre las distintas medidas que tomó el Gobierno para avanzar en su plan de reducción de gastos, una de las que mayor impacto generó fue el ajuste sobre los empleos en la administración pública.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre. Es decir, que hubo una reducción del 10,48% del total de la planta o 35.785 puestos de trabajo.
Los recortes se registraron en todas las dependencias públicas. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de toda la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- se eliminaron 23.457 puestos laborales en los primeros 10 meses de 2024.
En tanto, la dotación de personal de las empresas y sociedades que funcionan bajo la órbita del Estado tuvo un ajuste de 12.328 puestos de trabajo. En concreto, pasaron de 110.168 personas en diciembre de 2023 a 97.840 trabajadores en octubre.
